Los partidos están obligados por ley a contar con planes para prevenir la violencia machista
MADRID. El escándalo del “caso Errejón” ha sacudido la política española y ha provocado una hemorragia de grandes dimensiones en Sumar, una coalición política que hizo de la lucha feminista y de la protección contra la violencia machista su gran bandera. Sumar ha admitido que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron con el caso del ex portavoz parlamentario Íñigo Errejón y asume su responsabilidad por ello, admitiendo que son conscientes que se han quebrado la confianza de la ciudadanía en su proyecto político.
La ley obliga desde hace meses a los partidos políticos a contar con protocolos internos para detectar y combatir el acoso sexual y la violencia machista dentro de sus filas. Se introdujo primero con la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, que fijaba la obligatoriedad de que las formaciones políticas y las organizaciones sociales cuenten con reglamentos para «prevenir, detectar y combatir» conductas inadecuadas de índole sexual. Establecía, además, que estos protocolos se evaluarían y revisarían de manera «periódica».
La reciente ley de paridad, que entró en vigor en agosto de este mismo año, introdujo también una disposición final para reforzar ese compromiso y modificar, en este caso, el artículo 7 de la ley orgánica 6/2022 de partidos políticos, que les obliga a contar con planes de igualdad internos y promover protocolos de actuación ante la violencia machista que «se ejerzan dentro o fuera de la organización», por parte de «afiliados» o bien por personas que, «sin estar afiliadas», tengan «un cargo de representación o hayan sido designadas para una función específica».
Desde Sumar se dice ahora –tras estallar el “caso Errejón”– que habilitarán mecanismos de apoyo y acompañamiento a las víctimas, así como la puesta en marcha de un protocolo de actuación de comportamientos machistas y de acoso, que se aprobó en su primera asamblea de marzo pero que no se han consolidado por el último ciclo electoral. Así lo han trasladado en rueda de prensa el portavoz de la formación, Ernest Urtasun; la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades, para informar de las decisiones de la Ejecutiva.
Durante su comparecencia, Urtasun ha trasladado primero un mensaje claro de apoyo y solidaridad a todas las mujeres que sufrieron acoso y violencia sexual por parte de Errejón, poniéndose a disposición de todas las afectadas en las decisiones que quieran emprender. El también ministro de Cultura ha admitido que todas las informaciones que se han publicado sobre Errejón son «devastadoras» y evidencia que sus mecanismos de prevención y protección ante las violencias machistas han «fallado». «Asumimos responsabilidades y nos hacemos cargo», ha añadido para garantizar que Sumar desplegará las actuaciones necesarias para que esto no vuelva a suceder, a la vez que ha pedido disculpas a la ciudadanía al ser conscientes de que la confianza en Sumar se ha visto «quebrada».
Una de las críticas más repetidas contra Sumar es la tardanza con la que se ha actuado contra Errejón, a pesar de que ya existían denuncias por acoso y violencia machista en redes sociales contra el exdiputado desde junio de 2023. Sumar aprobó su código ético en su asamblea fundacional, celebrada en marzo de este año. El partido elaboró una ponencia organizativa en la que se comprometía a desarrollar un Plan Estratégico Feminista a nivel orgánico, que incluye el «desarrollo de herramientas y protocolos ágiles para prevenir y abordar conflictos» que tengan que ver con situaciones de «acoso o violencia contra las mujeres».
«No se tolerará ningún tipo de comportamiento o actuación machista», reza el código ético de la formación, una acción que se considera a nivel interno como una «falta grave» que deberá ser sancionada, como mínimo, con la suspensión de la condición de afiliado. Sumar constató que las denuncias contra Errejón que habían circulado en redes sociales eran ciertas, por lo que le pidió su dimisión. En el partido de Yolanda Díaz niegan que el comportamiento de su portavoz fuera un secreto a voces, aunque sí admiten que fueron conscientes de su situación hace unos meses, coincidiendo con las fechas en las que él comenzó a tener más relevancia en la organización como portavoz en el Congreso.
El escándalo provocó un choque entre Sumar y Más Madrid. Ambos se atribuyen haber forzado la dimisión del dirigente. Y en la formación de Díaz apuntan además que era la delegación regional la que estaba al tanto del inadecuado comportamiento de su portavoz con las mujeres. Hay que recordar que la presunta víctima que señaló a Errejón en redes sociales en verano de 2023 aseguró también que Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid en la Asamblea, le presionó para borrar los mensajes y evitar un «escarnio» público. Más Madrid cuenta también con un detallado protocolo público de actuación contra conductas de acoso sexual, donde incluye «contacto físico innecesario; rozamientos o palmaditas; observaciones sugerentes y desagradables; abusos verbales deliberados; invitaciones impúdicas o comprometedoras o gestos obscenos». Algunos de estos supuestos constan en la denuncia presentada en comisaría por la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, víctima de un presunto delito de acoso sostenido durante horas y de una agresión sexual que, relata, la dejó «paralizada». Los hechos se remontan a septiembre de 2021.
El protocolo de Más Madrid distingue, no obstante, entre el supuesto de que las dos personas implicadas pertenezcan a la organización o que solo tenga el carné de afiliado la persona denunciada. En este último caso, que es el que afectaría a Errejón, se activaría el «procedimiento de prevención y reacción» interna, cuya tramitación «no origina la imposición de sanción alguna», pero que está destinado a «garantizar de manera rápida y confidencial el derecho a un ambiente de participación sin acoso, procurando que el conflicto no se agudice con el tiempo». Pero, de haberlo detectado a tiempo, el partido sí habría estado obligado a abrir una investigación contra el dirigente, ya que el procedimiento puede abrirse bien por la denuncia de la persona afectada o bien por un tercero que «tenga conocimiento de la conducta» de acoso sexual. Ni Sumar ni Más Madrid encendieron las alarmas a tiempo.
El PSOE sí aprobó e hizo público a principios de 2023 un protocolo específico frente al acoso sexual para adaptar su normativa interna a la nueva legislación. Incluye infracciones de tipo verbal, no verbal o físico, y contempla la constitución de una Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso; la prevención de este tipo de situaciones mediante formación y campañas de sensibilización; y la apertura de un procedimiento interno con las consecuentes sanciones en función de la gravedad del caso.
El PP, por su parte, asegura que hace más de un año –y a consecuencia de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual– instauraron un protocolo interno y específico contra el acoso laboral, sexual o por razón de sexo, aunque el partido no ha facilitado este documento. Lo que sí aparece en su página web es el Código Ético y de Conducta que el PP aprobó en mayo de 2023, que establece que «el partido no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros. La organización promoverá medidas para prevenir esas conductas y garantizar en todo momento un ambiente de respeto e igualdad», recoge.
También Vox cuenta con un protocolo antiacoso, y plantea incluir la violencia sexual «como un riesgo laboral más», ante el que se compromete a actuar en caso de que se deduzca la «concurrencia de indicios de acoso», hasta el punto de proponer el «despido disciplinario de la persona agresora». Se comprometen, por el carácter obligatorio de este tipo de planes, a realizar «campañas de sensibilización y formación periódicas» de los empleados para la «identificación de conductas de acoso y procedimientos de actuación».
