Las candidaturas electorales estarán integradas por personas de uno y otro sexo de forma alternativa
Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy –5 de diciembre– el proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Se trata de una iniciativa que avanza en el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007 –conocida como ley de igualdad–, que ya incorporaba el principio de representación equilibrada. Ahora, con la nueva ley de paridad, se fija en un mínimo del 40% la presencia de mujeres en consejos de administración de empresas públicas y privadas.
La nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad. Para ello, introduce modificaciones sustanciales en distintas normas del ordenamiento jurídico español. Se trata de romper los techos de cristal y de avanzar de forma real en la igualdad entre hombres y mujeres, y cumplir con el mandato constitucional y los mandatos europeos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó el hecho de que la primera norma impulsada por el Ejecutivo de coalición busque –precisamente– garantizar la igualdad real y los derechos de todos los ciudadanos. «Con esta ley claramente hacemos un país más justo e igualitario; y, por tanto, un país mejor», afirmó Alegría.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó que el nuevo proyecto de ley se presenta «en un momento especialmente duro» de la violencia de género en España, que ya suma 55 mujeres asesinadas durante 2023; y 1.237 desde que se contabiliza este tipo de asesinatos. Redondo indicó que la nueva norma también pretende «remover ese machismo estructural» de la sociedad española.
El proyecto de ley de paridad traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). Con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores –o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros, o un activo superior a 43 millones– deberán tener una composición acorde con el principio de paridad: el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. En el caso de las sociedades cotizadas, se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.
En el ámbito político, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos y cabildos insulares. También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos, como por ejemplo las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales de cada ministerio, deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
El principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. También se deberá cumplir con el principio de representación equilibrada en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.
Con esta iniciativa, España avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030, en concreto en el objetivo número 5, destinado a la garantía real de la igualdad entre hombres y mujeres.
