El Gobierno quiere obligar a los empleadores a evaluar los riesgos laborales en su domicilio
MADRID. El Ministerio de Trabajo impulsa un nuevo real decreto que puede cambiar significativamente las condiciones laborales en los hogares donde se contraten empleadas domésticas. Si este real decreto se aprueba en el Consejo de Ministros, los particulares que contraten a estas trabajadoras estarán obligados a evaluar los riesgos laborales presentes en sus viviendas. De esta forma, el departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz quiere reforzar los derechos de las empleadas de hogar en actividades relacionadas con la prevención y frente a la violencia en el trabajo. Si los planes de Díaz salen adelante, estas trabajadoras contarán con protocolos contra el acoso sexual y deberán recibir la formación adecuada para ello.
En el Real Decreto-ley 16/2022 se anunció que la inclusión de las empleadas del hogar en el sistema de prevención de riesgos laborales iba a recogerse también una protección “en el ámbito de la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, en los términos y con las garantías que se prevean reglamentariamente a fin de asegurar su salud y seguridad”. En este sentido, el Ministerio de Trabajo tiene previsto elaborar un protocolo frente a situaciones de violencia y acoso sexual, que se presentaría en un plazo de 10 meses.
Según se recoge en el borrador del real decreto, el departamento ministerial elaborará una herramienta para facilitar “el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, que será online y gratuita. De ese modo, la evaluación de riesgos no se llevará a cabo obligatoriamente a través de empresas especializadas, dejando esta opción a voluntad de los particulares. Con ello, pueden evitarse las posibles críticas que podría levantar esta obligatoriedad por la carga económica que supondría para las familias. Lo que no especifica el borrador es cada cuánto tiempo se tendrán que realizar estas evaluaciones.
La normativa que prepara el Ministerio de Yolanda Díaz también prevé recoger que los empleadores proporcionen medidas de protección adecuadas y el derecho de las trabajadoras domésticas a recibir formación en riesgos laborales (a cargo del empleador, preferiblemente en la jornada de trabajo y si, no, tendrá que compensarse con descansos) y realizarse reconocimientos médicos, que se harán cada tres años a cargo del Sistema Nacional de Salud.
En el decreto también se aborda el asunto de las visitas a los domicilios, el punto más controvertido de la prevención de riesgos de las empleadas del hogar y el más complejo para su desarrollo. En este sentido, el texto recoge que “es necesario que se atienda la necesidad de asegurar que se llevan a cabo visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado a efectos de que se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales”. No obstante, no se articula una vía para que la Inspección de Trabajo pueda realizar estas visitas presenciales, debido a que el domicilio, aunque supone el centro de trabajo de estas empleadas, es un espacio personal inviolable.
Según la Encuesta sobre salud laboral en el empleo de hogar y los cuidados –elaborada por la Universidad de A Coruña, a petición de la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid y dada a conocer el pasado mes de febrero en la Fundación ONCE–, el 83% de las empleadas de hogar ha padecido consecuencias en su salud a raíz de su trabajo doméstico. Además, este informe, elaborado con los testimonios de casi 400 trabajadoras, refleja que casi una de cada cuatro empleadas reconoce haber sufrido varios tipos de violencia en sus jornadas laborales como faltas de respeto (31%) y tratos injustos, discriminatorios o amenazantes (25%). Un 4% de las encuestadas que trabajan sin contrato afirman haber sufrido abusos sexuales o ser víctima de abuso en la actualidad, porcentaje que desciende al 1% entre las que trabajan con contrato.
En España hay más de medio millón de trabajadoras del hogar y, tal y como refleja un informe de la ONG Oxfam Intermón, una de cada tres vive por debajo del umbral de la pobreza. Además de la precariedad, en el sector son habituales las prácticas laborales abusivas e ilegales, como los pagos en negro o no respetar los horarios de trabajo y de descanso.
El sector del empleo en el hogar sigue considerándose como refugio para las mujeres españolas de regiones económicamente deprimidas. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que el 89% son mujeres y el 47% extranjeras (principalmente provenientes de Iberoamérica y Europa del Este). De ellas, conforme al documento de Oxfam, en torno a 70.000 no tienen los papeles en regla.
